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La última reforma del sistema electoral en Chiley el voto de los chilenos en el extranjero PDF Imprimer Envoyer
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Par Me Marcelo L. Garcia, Montréal, Canada

Me Marcelo L. Garcia est Membre de la Law Society of Upper Canada.

Las líneas que los medios de comunicación internacionales han decidido trazar sobre la última elección presidencial en Chile son de gradaciones tan múltiples como opuestas. Así como algunos resaltaron el carácter altamente transparente y eficaz del proceso electoral chileno, otros decidieron centrar su análisis sobre el supuesto resurgimiento de la opción derechista y la caída de la coalición llamada progresista. Por otro lado, Las líneas que los medios de comunicación internacionales han decidido trazar sobre la última elección presidencial en Chile son de gradaciones tan múltiples como opuestas. Así como algunos resaltaron el carácter altamente transparente y eficaz del proceso electoral chileno, otros decidieron centrar su análisis sobre el supuesto resurgimiento de la opción derechista y la caída de la coalición llamada progresista. Por otro lado, cabe destacar también la aparición de una tercera fuerza en el paisaje político chileno. Esta fuerza, encarnada en la persona del ex diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, llegó a obtener 20% de los votos en la primera vuelta. Más importante aún fue su capacidad de imponer su agenda legislativa en los últimos días de campaña. 

Es así como uno de sus proyectos de ley más defendidos, la reforma constitucional sobre la inscripción automática y el voto voluntario (Ley 20.337), fué reintroducida por el gobierno Bachelet para tramitación urgente en el Senado, y esto solamente cuatro días antes de los comicios del domingo 17 de enero del 2010. Como se esperaba, la Comisión de Constitución del Senado no logró despachar el proyecto de ley antes del día del voto.

Uno de los temas que más controversia y menos unanimidad ha creado hasta ahora es el voto de los chilenos que viven en el extranjero. Se recordará que Chile es el único país de América Latina que no permite el voto a sus ciudadanos residentes fuera del territorio nacional.

Obstáculo Jurídico: Proceso de Reforma Constitucional en Chile

La Constitución de 1980 dispone que el voto sea personal, igualitario y secreto, y quienes estén inscritos en los registros electorales tienen obligación de emitirlo  (Art. 15). Visto que la inscripción al Registro Electoral es voluntaria, esta situación ha dejado fuera de toda participación electoral a aproximadamente 4 millones de personas. Es justamente esta anomalía que la reforma constitucional (Ley 20.337), aprobada por el Congreso y el Senado en 2009, ha buscado resolver. Fundamentalmente, la enmienda consagra la voluntariedad del sufragio y establece que los ciudadanos se incorporarán automáticamente al Registro Electoral por el solo ministerio de la ley al cumplir 18 años.

Sin embargo, según la decimotercera disposición transitoria de la Constitución de 1980, la implementación de la Ley 20.337 requiere une modificación de la Ley Orgánica sobre Votaciones y Escrutinios (Ley 18.700) y el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. En la práctica, es esta Ley Orgánica que regula los procedimientos para la preparación y realización de las elecciones del Presidente de la República y de los parlamentarios (Art.1). Es exactamente aquí donde se encuentra el último obstáculo jurídico hacia el establecimiento de un sistema que permita el voto de los Chilenos en el extranjero.

Obstáculos Políticos y El Viejo Axis Izquierda-Derecha

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la inscripción automática 

agregaría 3,855.735 de votantes nuevos al padrón electoral, en su mayoría jóvenes entre 18 y 29 años. De estos, aproximadamente 800,000 viven en el extranjero.

Hasta ahora, los parlamentarios no han logrado ponerse de acuerdo sobre las modalidades de inclusión de este grupo importante de chilenos al Registro Electoral. Si bien el Presidente electo Sebastián Piñera ha llamado a sus parlamentarios a votar a favor, no todos han seguido la orden y varios han votado en contra. De hecho, varios han buscado imponer condiciones como que los connacionales visiten Chile cada cinco años y que el trámite de inscripción se realice en territorio nacional.

Es evidente que el debate sobre este tema va más allá de lo jurídico puesto que ha siempre existido la idea que la inclusión de este grupo podría favorecer a las fuerzas de centro-izquierda como la Concertación. Sin embargo, no se conoce un solo estudio serio y riguroso que pruebe este argumento de manera empírica y determinante. Cómo reconciliar entonces la inscripción automática con la exclusión de este grupo importante de ciudadanos chilenos? Los próximos meses nos darán quizás la respuesta.

 

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